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Santo Domingo.-El embajador de España en el país, Jaime Lacadena, dijo que su gobierno respeta y comprende la decisión del país en torno a la sentencia 168-13 emitida por el Tribunal Constitucional y que esclarece los requisitos para adquirir la nacionalidad dominicana.
Informó que España ofreció apoyo y cooperación en todo lo que pueda necesitar el país para la implementación de la sentencia.
“Le ofrecí al señor Presidente la cooperación de España y todo lo que pueda necesitar en un caso como este.
La posición de mi gobierno ha sido de respeto y comprensión”, afirmó al conversar con periodistas en el Palacio Nacional.
La semana pasada el Mandatario se reunió con diplomáticos de varias naciones de la Unión Europea, así como los embajadores dominicanos ante Washington, la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA), para explicarles la posición del Gobierno sobre la sentencia 168-13 y su alcance.
Descrédito no funcionará
Mientras que el diputado por el partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) Pelegrín Horacio Castillo Semán aseguró ayer que el plan que tienen los haitianos y sectores internacionales de buscar una solución dominicana a los problemas de Haití no va a funcionar, porque la sentencia es un tema de soberanía.
Consideró que República Dominicana debe continuar explicando en cada país que lo solicite el verdadero alcance de la sentencia y que el descrédito está cimentado en bases muy falsas y distorsionadas, porque ese fallo, “al contrario, va a favorecer a cientos de miles de trabajadores que están en condición de ilegales en República Dominicana.
Lacadena y Castillo Semán emitieron sus declaraciones en el Palacio Nacional, donde acudieron junto a una comisión europea a plantearle al presidente Medina los alcances de la Campaña de Investigación Marítima Caribe-Norte Fase 2, que iniciará este fin de semana.
Investigarán mar Caribe
Un equipo de investigación oceanográfica de España iniciará la próxima semana la exploración de las costas dominicanas en busca de estructuras que puedan causar riesgos sísmicos o tener algún tipo de sustancia energética, a raíz de las emanaciones de gas de la plataforma marítima de San Pedro de Macorís.
Los españoles financiarán el proyecto que costará 1.5 millón de euros y contará con el apoyo del Gobierno de España y la Universidad Complutense de Madrid.
Se trata de la segunda fase de una campaña que inició en 2009 y que en este momento abarcará una investigación, por primera vez, de los niveles de sismicidad de la costa norte del país.