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Casa Nacional del PLD. Archivo.

Caribbean Digital

SANTO DOMINGO. El calor de la política se enseñoreó con expedientes judicializados por el Ministerio Público.

El 2013 se convirtió en un año en que la alta dirigencia política peledeísta, la Procuraduría General de la República y la Fiscalía del Distrito Nacional fueron testigos de un protagonismo jurídico.

Casa Nacional del PLD. Archivo.
Casa Nacional del PLD. Archivo.

La chispa registró una mayor llamarada cuando la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, decidió debatir contradictoriamente entre las partes una denuncia sobre presuntos actos de corrupción, radicada por el presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, en contra del ex presidente y líder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández, y la Fundación Global Democracia y Desarrollo.

Tras convocar a los abogados del ex mandatario y al político de la oposición y sus representantes legales, para dirimir el fundamento del querellamiento, fue emitida una decisión que al final dejó su zurrapa.

Reynoso asegura que la falta de tipificación de las acciones impide que el Ministerio Público pueda actuar.

Y le agregó una especie de retama, al fundamentar que “mal haría la Fiscalía con iniciar una investigación para probar hechos que en cierto modo han sido admitidos por los querellados, pero que la legislación dominicana no tipifica, y en consecuencia no sanciona”.

Finalmente, el expediente fue archivado, decisión objeto de una ratificación en primer grado, en apelación y en la Suprema Corte de Justicia. Los políticos aliados al gobierno que lideró Leonel Fernández fueron blancos perfecto del Ministerio Público.

El procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, le echó el guante al ex administrador de Bienes Nacionales, Elías Wessin Chávez, logrando una intensa lucha hasta abrir un juicio por presuntos actos de corrupción por un monto de RD$157 millones.

A inicios del año, la Procuraduría General de la República logró un average de dos de tres, cuando intentó revocar todos los archivos dispuestos por el entonces director Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, Hotoniel Bonilla, a favor del senador Félix Bautista.

Comenzando el 2013, tuvo uno a favor, cuando la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Esther Agelán Casasnovas, ordenó la revocación del archivo provisional del expediente contra el senador Félix Bautista y en consecuencia dispuso seguir la investigación en su contra por la supuesta malversación de fondos, acogiendo una petición de Convergencia Nacional de Abogados (CONA) y la propia DPCA, esta vez sin la presencia de su antiguo titular.

En medio de una intensa batalla, donde solicitó la medida de coerción de prisión preventiva en contra del senador Amable Aristy Castro, la Procuraduría se anotó un revés cuando el juez de la SCJ, Alejandro Moscoso Segarra, desestimó la petición en la carencia de fundamento, y el juez de ese tribunal, Juan Hirohito Reyes, anuló la acusación.

Fugas, transformación de cárceles y muertes de reclusos en riñas

Las autoridades han atribuido las riñas a resistencias al cambio

La cárcel de Najayo-Hombres, con una población de 3,500 reclusos, fue transferida por la Procuraduría General de la República al nuevo modelo penitenciario, donde los reclusos reciben comidas, vestimentas y están regulados bajo el mandato de una nueva dirección.

El traslado de los reos a La Romana y otros puntos del país, originó una gran refriega.

Las quejas, protestas y riñas han sido constantes, lo que las autoridades atribuyen al proceso de regulación que lleva a cabo con reclusos que contaban con privilegios.

En agosto, un motín que se escenificó en el Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama, en La Romana, cobró la vida de un recluso y seis resultaron heridos, tres de ellos de gravedad.

DPCA cambia de nombre, y con una nueva titular al frente del organismo

Hotoniel Bonilla renunció en aparente disgusto con la línea

En el tercer mes del 2013, la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción (DPCA) cambió de nombre, y el puesto fue ocupado por una mujer, quien se desempeña actualmente.

El procurador Francisco Domínguez Brito, designó en lo que actualmente es la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) a Laura Guerrero Pelletier. La vacante fue llenada luego que el director de la DPCA, Hotoniel Bonilla, renunció al cargo, en carta remitida al presidente Danilo Medina, a quien agradeció la confianza depositada en él al mantenerlo en esas funciones.

Bonilla y Domínguez Brito tenían divergencias en torno al criterio de expedientes que habían sido objetos de archivo, entre ellos el del senador Félix Bautista.

 EN CIFRAS

Tres

A prisión por caso Mulata

La Fiscalía de Puerto Plata logró prisión preventiva en contra de los ex coroneles de la Policía, Raymundo de la Rosa Ogando y Roberto Santos Salcedo, y el ex teniente Odennis Francisco Féliz Reyes por el caso Mulata.

Uno 

Rechazo a petición

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazó un recurso de casación, a través del cual el Procurador buscaba anular la extinción de la acción penal iniciada en contra del senador Amable Aristy Castro.

Tres 

Envío a juicio de fondo

La Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito ordenó juicio de fondo en contra del ex administrador de Bienes Nacionales, Elías Wessin Chávez, y dos de sus colaboradores, por alegados actos de corrupción

La Fiscalía enfila cañones, y desafía con sus acciones

La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, enfiló sus cañones y desafió con sus acciones, al decidir hacerle frente al ex ministro de Obras Públicas y secretario de Finanzas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Víctor Díaz Rúa.

Golpeando con dos querellas que están bajo su jurisdicción, proclamó que se ha interrogado a varias personas, se solicitó una auditoría a la Cámara de Cuentas e informaciones a diversas instituciones del Estado.

“Los delitos investigados son graves, ya que se trata de sumas de dinero millonarias que se obtuvieron como consecuencia de actos de corrupción cometidos en contra del patrimonio dominicano”.

Reynoso sacó a relucir que es fiscal de carrera, y se debe al ejercicio de sus funciones en el organismo que busca perseguir y sancionar los delitos cometidos en diversos niveles.

Diario Libre

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