Santo Domingo. El Consejo Estatal del Azúcar (CEA) revendió a una empresa offshore registrada en Panamá, y cuyo accionista se identifica como “El Portador”, unos terrenos que había cedido en dación de pago al Banco Central en el año 1999.
Las tierras, vendidas el año pasado a precio de RD$14 por metro cuadrado, son parte de la parcela 519, del Distrito Catastral 32, antigua parcela 623 del Distrito Catastral 17/5, ubicada en el municipio San José de los Llanos, provincia San Pedro de Macorís.
La venta se realizó mediante 12 contratos firmados en una misma fecha: 28 de abrir del 2016, entre el Ingenio Boca Chica, representado por el director ejecutivo del CEA, José Joaquín Domínguez Peña, y la empresa Ordell Assets, representada por Pedro de Jesús Paulino Balbuena.
Las tierras suman unas 1,711.91 tareas (más de un millón de metros cuadrados), vendidas a un monto general de RD$15,071,810.44.
Los contratos, casi idénticos, se distinguen por ligeras variaciones en los montos de las ventas.
En parte de esas tierras funcionan varias concesiones mineras, entre ellas, la Taína, registrada en la Dirección General de Minería desde el año 1996, a nombre de Coastal Aggregates, cuyo asociado, Miguel Peña, se queja de que el nuevo comprador les impide operar.
Los adquirientes
La adquiriente de los terrenos del CEA, Ordell Assets, es una “sociedad anónima constituida conforme la Ley 32 de 1927, de la República de Panamá”, con un monto de capital social autorizado de US$10,000.00 “divididos en 100 acciones comunes”. El dueño de las cien acciones “totalmente pagadas y liberadas” es Ricardo Subero, según una certificación emitida en Panamá en noviembre de 2015, y que forma parte de los datos entregados por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, a solicitud de las empresas mineras concesionarias de las tierras.
Sin embargo, en acta de reunión de la junta directiva de la sociedad, celebrada en julio de 2016, los directores Diana Sánchez González, Albino Rodríguez y Nelva Ibeth Vargas Gonzalez, aprobaron la cancelación del certificado de acción No. 4 por 100 acciones, emitido a favor de Ricardo Subero, y emitieron el certificado de acción “por la totalidad de las acciones” No. 5 “por cien (100) acciones a favor de El Portador”.
Los terrenos
Conforme los contratos del CEA, las tierras vendidas se ubican dentro de la parcela 623 (PTE) Distrito Catastral No.17/5, en Los Bancos de Arena, del municipio Boca Chica, provincia Santo Domingo. Coinciden con la descripción de la parcela que recibió el Banco Central, por la que inició un proceso de deslinde ante el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional.
En los contratos de aprobación de dación de pago, así como en los informes de comisiones rendidos en el Congreso Nacional, se especifica que las tierras cedidas al banco son “una porción de terreno con área superficial de 22,926,667.00 metros cuadrados, dentro del ámbito de la parcela 519, del D. C. No 32, del municipio de San José de los Llanos, provincia San Pedro de Macorís (antigua parcela número 623, del Distrito Catastral 17/5)”.
El Banco Central recibió los terrenos en el 2009, según un informe de Estado Financiero, relativa a los activos en proceso, elaborado para el periodo 2009-2010. El informe indica: “Durante el 2009 el Banco Central recibió del Estado Dominicano a través del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), unos terrenos como dación en pago por una operación que realizó el Banco Central en el año 1999, en la que entregó activos para liquidar acreencias del Estado Dominicano con contratistas de el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)”.
Indica que el valor asignado a los terrenos asciende a RD$1,069 millones, con un área de 22,926,667 metros cuadrados.
Agrimensores consultados, lo mismo que el ingeniero Miguel Peña, afirman que se trata de las mismas tierras, que pasaron por un proceso de reorganización territorial, pero que el registro de título no ha sido actualizado, y se mantiene como 623.
Otras irregularidades
Las ventas de terrenos en el CEA se cuestionan desde hace años. El caso más frecuente, que provocó la suspensión del director de esa entidad, Domínguez Peña, corresponde a unos terrenos que supuestamente el CEA vendió dos veces en San Pedro de Macorís, y que habría sido la causa del asesinato de los locutores Leo Martínez, director de la emisora FM 103.5 y del Luis Manuel Medina, el pasado 14 de febrero, a manos de José Rodríguez, quien se suicidó al día siguiente.