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Trajano Potentini, presidente de Justicia y Transparencia.

Servicios/Caribbean Digital

SANTO DOMINGO.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), condenó el incumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de los poderes públicos, que mantienen a la República Dominicana en un limbo jurídico en las áreas más sensibles de la vida institucional del país, por ejemplo en materia electoral todavía no contamos con el tribunal superior electoral, generándose un vacío constitucional en materia contencioso electoral en franca y abierta violación a la disposición transitoria séptima de la constitución.

Trajano Potentini, presidente de Justicia y Transparencia.

Asimismo es notorio y de gran preocupación para la FJT el desconocimiento y violación continua de la constitución en la integración y funcionamiento de los Consejos del Poder Judicial, y el Superior del Ministerio Publico, en razón de que el texto constitucional en sus disposiciones transitorias, hace mandatorio la integración de los mismos en un plazo de 6 meses contados a partir de la proclamación de la constitución el pasado 26 de enero vencido desde el pasado 26 de julio, cuya inobservancia traería consigo la posibilidad de cuestionamientos sobre las decisiones de la Suprema Corte de Justicia y del Ministerio Publico en lo relativo a las funciones y facultades propias de esos órganos, incurriendo inclusive en actos y acciones inconstitucionales.

Trajano Potentini presidente de Justicia y Transparencia demandó de las cámaras legislativas avocarse con rango prioritario al conocimiento y aprobación de las urgentes y necesarias leyes orgánicas para dar cumplimiento al mandato constitucional, procurando la participación y consenso de los diferentes sectores sociales, con la prudencia y el tacto que suponen estos textos para la vida institucional del país y sobre todo fuera de la improvisación que hasta ahora ha imperado en el Poder Legislativo en los tímidos y prácticamente fallidos aprestos de aprobar las leyes de referencias.

De igual forma deploramos el tranque producido en la aprobación de la ley del Tribunal Constitucional y la renuencia de la clase política a discutir y consensuar el tema que nos proyecta inminentemente a una eventual inconstitucionalidad el próximo 26 de enero plazo fatal para la integración del tribunal. También es de gran preocupación para la fundación la inconstitucionalidad por omisión del Poder Ejecutivo manifiesta en la inercia en la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para la evaluación y cambio de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y eventualmente de los otros nombramientos conforme las facultades de este importante órgano constitucional.

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