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Dice que en este Distrito Judicial existe el “reino del miedo” contra los magistrados.
SANTIAGO, RD./ El Departamento de Defensoría Pública de Santiago, manifestó su más enérgico rechazo a la destitución de los magistrados Luisa García y Gabriel Marchena por el Consejo del Poder Judicial, alegando supuestas irregularidades en su desempeño en este departamento judicial.
Dijo la institución que tiene sus oficinas en el Palacio de Justicia de Santiago, que ambas decisiones que sancionan con la destitución a los referidos jueces constituyen un precedente nefasto para el sistema de justicia de la República Dominicana.
Señala en un documento entregado a LA INFORMACION, que los mismos se caracterizaron en la sagrada y elevada misión de administrar justicia por decisiones apegadas al derecho, cuyo único pecado fue no coincidir con la política de presión y persecución llevada a cabo por quienes fueron sus detractores y acusadores.
El documento entregado a este medio, lo firman los licenciados, abogados de la defensoría pública de Santiago, Pablo R. Santos, Grimaldi Ruiz, Bernardo Jiménez. Karen Santana, Marcos Romero, Daisy Valerio, Laura Rodríguez y Gregorina Suero.
Manifestó que éstos han sido quienes coronaron su labor de acoso y derribo en contra de dichos magistrados “con el triste mérito de lograr que dos Jueces ejemplares por los demostrados conocimientos técnicos, como los anteriormente citados, fueran separados de sus funciones”.
“Es oportuno destacar que en las decisiones emanadas por el Consejo del Poder Judicial, en las cuales se decidió separar a los jueces Luisa García y Gabriel Marchena no se les retuvo ningún tipo de faltas que pongan en entredicho su honestidad ni las prendas morales que adornan a estos probos y competentes Jueces”, afirmó.
Indicó el Departamento de Defensoría Pública que la discusión en el marco del proceso disciplinario que se les siguió a los aludidos funcionarios judiciales giró en torno a si las decisiones tomadas por éstos en los casos que se les sometieron, eran conformes o no a la Constitución de la República y leyes adjetivas.
En ese orden de ideas, explicó que se hace oportuno poner de relieve que estos magistrados se legitimaron en tanto que cada una de las decisiones sometidas a su escrutinio fueron fundamentadas y sustanciadas en derecho sin que obrase ningún otro componente que no fuera la recta, inquebrantable y elevada misión de administrar justicia.
Los Defensores Públicos de este Distrito Judicial de Santiago, dijeron que levantan la voz en distintos episodios históricos en los cuales se han conculcado derechos y libertades del pueblo, como operadores de justicia de primera línea en la litigación penal.
Es por eso, que ven con alta preocupación las repercusiones que generará en los espíritus de “nuestros Jueces el dictamen disciplinario emanado del máximo órgano de control de disciplina judicial de nuestro país”.
“No es posible que en esta ciudad prime el reino del miedo y que como resultado de este deplorable fallo en lo adelante los juzgadores sientan sobre sus cuellos la afilada espada de una potencial destitución que corte de un tajo sus carreras si no emiten decisiones que, aunque apegadas al derecho, no complazcan sectores que ejercen una clara injerencia en los asunto que son de la exclusiva competencia de los jueces, únicos con mandato para interpretar el derecho”, añadieron.
Igualmente, establecieron que en el marco de un Estado Social, democrático y de derecho se asume como función esencial de los poderes públicos la protección efectiva de los derechos y libertades fundamentales, verdadera fuente de legitimación de estos; como consagra la Carta Magna, en donde el poder judicial es el verdadero garante de este.
En ese tenor, añaden que los principios de imparcialidad e independencia, esta última verdadera institución jurídica, sobre el que se ha construido las bases del sistema jurídico y político, hoy puesto en tela de juicio y admiten que la destitución de estos honorables magistrados, asesta un duro golpe a los postulados.
“Como podrá notarse a todo lo largo de este documento nos hemos referido a los ciudadanos Luisa García y Gabriel Marchena como magistrados, porque hasta tanto no se agoten todas las vías recursivas tanto del derecho nacional como supranacional, seguirán siendo honorables magistrados”, advirtieron.
Asimismo, expresan su firme convicción de que más temprano que tarde habrá de reconocerse que para la buena salud de un sistema judicial orientado en los valores y principios superiores, sancionar un Juez por emitir una sentencia que no le guste a determinados sectores, constituye un grave peligro para la concreción efectiva de la seguridad jurídica.
Recordaron que esa seguridad jurídica tiene y debe ser un baluarte inexorable para la construcción de un verdadero Estado Constitucional de Derecho y la vigencia misma de la democracia.
Suscribo todo lo expuesto por los defensores publicos en este documento, y lamento la falta de solidaridad entre los jueces que no han sido capaces de manifestar su rechazo a una deciscion tan desacertada y que nunca debio ser. Pero esos que ignoran la solidaridad deben tener bien presente que la proxima decision arbitraria, probablemente recaiga sobre alguno de ellos.