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Haitianos cruzan la frontera para asistir al mercado. Archivo.

Servicios/Caribbean Digital

 

Noventa y dos personas fueron repatriadas por la puerta fronteriza de Comendador (Elías Piña), en un contexto de múltiples violaciones de derechos.

Haitianos cruzan la frontera para asistir al mercado. Archivo.
Haitianos cruzan la frontera para asistir al mercado. Archivo.

Según informes de la Red Fronteriza Jano Sikse, el grupo fue abandonado a su suerte este martes en el lado haitiano de la frontera, sin formulario de registro individualizado, sin memorándum de deportación firmado por el inspector actuante y el deportado y sin la correspondiente notificación al estado de origen.

Según las entrevistas realizadas por la Red, entre los deportados se encontraban: Teodoro Joseph, de 32 años, portador de un pasaporte visado que lo hace migrante regular en República Dominicana; Yolina Nocente de 18 años, embarazada de 5 meses; y Luis Yovani, de 34 años, residente en Higuey, quien trabajaba en un supermercado de reconocido prestigio en el país y padre de tres menores que continúan viviendo en esa ciudad.

Con estos tres casos, la Dirección General de Migración contraviene claramente a: la Ley de Migración (285-04) y su posterior Reglamento (631-11); la Constitución Dominicana; el Protocolo de Repatriaciones firmado por el país en 1999; la Convención Americana de Derechos Humanos; la Convención sobre Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes; así como la tutela judicial efectiva y las garantías del debido proceso.

Esta política poco transparente e irrespetuosa de los convenios internacionales suscritos por la República Dominicana en materia de derechos humanos y derechos de los migrantes y sus familias, atenta contra la dignidad humana, el derecho a la igualdad, el derechos a las garantías procesales y convierte estas expulsiones en deportaciones indiscriminadas, arbitrarias y discrecionales.

La aplicación de la Ley de Migración, que en su artículo 151 manda a regularizar los extranjeros radicados en el país, evitaría estos casos y ayudaría la economía dominicana a desarrollarse de forma más coherente con el Estado de Derecho.

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