SANTO DOMINGO. El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surun Hernández, denunció el desacato de la sentencia del Tribunal Constitucional, que eliminó el cobro de impuestos por registro de actos judiciales, que en muchos casos superan en más de un 600 por ciento las tarifas anteriores.
Recuerda que el Tribunal Constitucional mediante sentencia TC/0339/14 del 2014 declaró no conforme con la Constitución de la República los artículos que se refieren al impuesto de la Ley núm. 2334-1885 sobre Registro de los Actos Civiles, Judiciales y Extrajudiciales por contravenir con los artículos 12, 14, 40.15,41 y 69 de la Constitución de la República.
“Por lo que desobedeciendo dicho mandato, los registros de estado civil han establecido nuevos impuestos con la fachada de “Tasas por Servicios” por registros, constituye un verdadero atentado no solo a la institucionalidad de la República, sino a la sana administración de Justicia”, dice el presidente del CARD en una comunicación de prensa.
Surun Hernández informó que los abogados califican como “abusiva” la medida que “encarecen los costos de los procedimientos judiciales”, lo cual afecta de manera sensible el acceso a la justicia de la ciudadanía.
Explicó que el artículo 40.15 de la Carta Magna dice que a nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsela lo que la ley no prohíbe.
Mientras que el artículo 69 plantea la tutela judicial efectiva y debido proceso.
El presidente del CARD adelantó que ese gremio depositará en los próximos días una instancia al Tribunal Constitucional, rechazando los “ilegales impuestos, estableciendo la normativa de ejecución de dicha sentencia”.
Surun Hernández mostró preocupación por los constantes desacatos de algunas instituciones de las decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional.
Recordó que el nuevo Código Penal establece sanciones para aquellos funcionarios que ordenen el cobro de impuestos sin que estén soportados por una disposición legal.
Hizo un llamado a los ayuntamientos de RD, que manejan las oficialías civiles del país, a que retornen a la legalidad Constitucional y procedan a dejar sin efecto esta disposición que atenta contra la seguridad jurídica en la República Dominicana.