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Santiago de los Caballeros.– La junta de vecinos Hermano Anselmo, Inc., demandó este lunes de Salud Pública y el Ministerio de Medio Ambiente el cierre definitivo de la ilegal envasadora de gas de la Bartolomé Colón, (Propagas), por el genocidio que se intenta cometer contra más de siete mil familias de más de diez comunidades en pleno centro de la ciudad corazón.
“Desde que esa ilegal instalación inició sus operaciones hay un hedor que ha enrarecido y contaminado el ambiente que respiramos en distintos momentos del día y la noche”, delatan los vecinos del mejoramiento social.
Pero, eso no es todo, “también sucede que una serie de individuos que no residen por aquí, y que se manifiestan abiertamente defensores de la ilegal planta de gas, se dan a la tarea de amedrentar y presionar mediante la coacción y el miedo a damas y envejecientes indefensos de nuestra comunidad”, denuncia la entidad.
“Nadie tiene derecho, por muy millonario o con poder de influencia, ya sea funcionario o empresario, a avasallar a miles de familias con más de 50 y 60 años residiendo en sus respectivas comunidades que han sido expuestas a un peligro constante, que rechazamos”, sostiene la junta de vecinos del mejoramiento social.
“¿Cómo es posible que tres órdenes judiciales en primer grado y dos cierres del procurador fiscal de medio ambiente sean violados impunemente, en abierto desafío y desacato a la constitución, las leyes y el poder judicial?”, se pregunta la organización.
¿Para qué gastar millones de pesos en una campaña de valores, si funcionarios y empresarios son los primeros violadores y se encargan de poner el peor de los ejemplos?, se cuestiona la junta de vecinos Hno. Anselmo, Inc.
Plantea la entidad de servicio público, que “no hemos sido promotores de ningún tipo de desorden en la vía pública, ni ofendido a nadie, exigimos nuestros derechos a vivir sin ningún tipo de amenazas ni peligro público, como respetuosos de las leyes hemos acudido a los tribunales y allí hemos resultados gananciosos de causas, por qué entonces no se respeta la decisión de los jueces?” .
El mejoramiento social es una obra de bien público, concebida, planificada y construida por el Estado dominicano mediante la ley número 1875, con el fin de atender a necesidades sociales en lo relativo a la vivienda, como una forma de contribuir a menguar el problema habitacional del país en un ambiente sano y limpio, sin ningún tipo de contaminación, detalla la entidad de vecinos.
Refiere dicha ley que estas propiedades habitacionales están exentas del pago de todo impuesto o derecho nacional o municipal.