Del ‘Salvando a Mexico’ al presidente desaprobado por 8 de cada 10 mexicanos

Lejos, muy lejos quedó aquella imagen que pretendía imponer el presidente de México, Enrique Peña Nieto, cuando se exhibió en esa portada de la revista ‘Time’ con una frase «Saving Mexico» («Salvando a México») que muy pronto se convertiría en meme. Más de 4 años después del inicio del Gobierno actual, un 80% de los mexicanos reprueba al presidente, según una encuesta del diario ‘Reforma’.

Muchos han sido los casos graves de corrupción e impunidad que han marcado el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y que lo han llevado a estar en el ojo del huracán. Estos son solo 10, que incluso han sido objeto de numerosos editoriales, artículos y reportajes en medios extranjeros.

Tlatlaya

El 30 de junio de 2014 el Ejército mexicano reportó la muerte de 22 personas en un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y militares que llevaban a cabo acciones de patrullaje en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, en el centro del país. Sin embargo, investigaciones periodísticas, entre las que destacan las de la agencia AP y la revista ‘Esquire’ revelaron que, en realidad, se trató de ejecuciones extrajudiciales, lo que provocó preocupación en el plano internacional y por parte de organismos de derechos humanos.

Declaraciones de una de las sobrevivientes revelaron que los soldados ejecutaron a entre 12 y 15 personas a quienes ya tenían sometidas y que estaban desarmadas. Solo un soldado fue condenado en relación a lo sucedido y salió en libertad tras pasar un año en prisión, mientras otros seis fueron absueltos.

Ayotzinapa

La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, se enfrentaron en Iguala, ciudad del Estado de Guerrero, a la policía municipal y al Ejército mexicano, dejando un saldo de por lo menos 9 fallecidos, 43 estudiantes desaparecidos y varios heridos.

Las escuelas normales están vinculadas a luchas sociales y los normalistas habían tomado autobuses, una práctica cotidiana que llevan a cabo para sus protestas. En esa ocasión, un grupo de estudiantes se dirigiría a la Ciudad de México para participar el 2 de octubre en la marcha conmemorativa de la Matanza de Tlatelolco de 1968.

Padres de los 43 normalistas y activistas insisten en que el Gobierno está involucrado en la desaparición de sus hijos y exigen que se investigue al Ejército y a la Policía Federal.

El caso generó una gran alarma de alcance internacional, e incluso la ONU se ha mostrado preocupada por la investigación que llevan a cabo las autoridades. El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarab, declaró el pasado mes de marzo que cuenta con suficientes «elementos de convicción» que evidencian que, entre otros, los funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) torturaron a «numerosas personas» procesadas y que se cometieron detenciones arbitrarias y la violación del debido proceso.

Además, los federales involucrados en los hechos, lejos de ser procesados fueron sólo despedidos o transferidos, según documentos revelados por Animal Político.

Por su parte, el trabajo que ha hecho el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el caso, así como distintos reportajes periodísticos, han desmentido la que llamó «verdad histórica» el entonces procurador Jesús Murillo Karam, investigación que aseguraba que los estudiantes fueron entregados a un grupo criminal llamado Guerreros Unidos, por el Gobierno y la Policía municipal. 

Otro funcionario del Gobierno de Peña Nieto, el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, fue «investigado» debido al informe que presentaron el GIEI y la CIDH sobre la alteración de la supuesta escena del crimen y la posible siembra de restos humanos, lo que le valió el apodo en redes sociales #TomásZembrón.

El caso sigue sin resolverse en medio de múltiples acusaciones por parte de los padres, activistas y defensores de derechos humanos, debido a la actuación del Gobierno de Peña Nieto, que —según denuncian— ha contribuido más a obstruir las investigaciones que a resolver el caso. En pocas palabras, las investigaciones independientes han dejado en evidencia la complicidad del Gobierno del presidente mexicano para ocultar el involucramiento de la Policía Federal y el 27 Batallón de Infantería en la desaparición de los 43 estudiantes.

La ‘casa blanca’

Una investigación periodística no solo puso en evidencia la rampante corrupción en el Gobierno de Peña Nieto, sino que sacó a la periodista más importante de México, Carmen Aristegui, de la radio MVS.

Bajo el titular ‘La casa blanca de Enrique Peña Nieto’, el reportaje exhibió la adquisición de una mansión de 7 millones de dólares por parte de Angélica Rivera, esposa del presidente, a Grupo Higa. La empresa constructora, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, ha obtenido contratos millonarios durante el Gobierno de Peña Nieto en el Estado de México y también durante este sexenio.

La primera dama, Angélica Rivera, salió al paso de las acusaciones a través de un video grabado en YouTube en el que aseguraba que la compra de esa residencia había sido adquirida con el esfuerzo de su trabajo como actriz en Televisa, lo que le valió miles de críticas y levantó suspicacias. De haber sido cierto, Rivera tendría que haber aparecido en la revista Forbes como una de las actrices mejor pagadas en el mundo.

Además, algunas actrices que trabajaron en la misma empresa que la primera dama salieron a desmentirla. Incluso el actor y comediante de Hollywood Rob Schneider se burló de Rivera con un tuit en el que aseguraba que se mudaría a México, pues se enteró que pagan muy bien por hacer telenovelas. 

Debido al escándalo internacional, Peña Nieto decidió investigarse. Así como lo leen. La investigación estuvo a cargo de uno de los hombres más cercanos al presidente, Virgilio Andrade Martínez, el entonces secretario de la Función Pública, que, por supuesto, concluyó que no hubo conflicto de interés en la compra de ese lujoso inmueble.

A consecuencia de la difusión de ese reportaje, que llegó a los editoriales de muchos medios internacionales, los autores y la periodista Carmen Aristegui fueron despedidos del espacio radiofónico que encabezaban y acosados legalmente. La empresa radiofónica MVS se escudó en un argumento ridículo para emprender acciones legales y terminar el contrato con la periodista. Hasta la fecha, Aristegui sigue siendo perseguida mediante juicios por la empresa radiofónica.

La casa Malinalco de Videgaray

El 18 de marzo de 2015 el diario estadounidense ‘The Wall Street Journal’ publicó un reportaje sobre la compra de una residencia por parte del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, a Grupo Higa por más de 400.000 dólares.

La investigación reveló que el inmueble fue vendido al mismo precio al que la empresa lo había adquirido 10 meses antes, por lo que en automático se descartó la versión de «una relación comercial». La empresa inmobiliaria no solo no ganó dinero, sino que lo perdió debido al alza en los precios al consumidor del 3,5% durante el tiempo entre las dos ventas.

Además, el portal Sin Embargo señaló que Juan Armando Hinojosa, dueño de Grupo Higa, absorbió varios gastos como los de las escrituras.

El empresario no solo ha hecho frente a varias acusaciones sobre tráfico de influencias, sino que a través de los ‘papeles de Panamá‘ se reveló que ocultó 100 millones de dólares, tras la investigación sobre la ‘casa blanca’ de Peña Nieto. Videgaray argumentó que no había conflicto de interés debido a que la operación se llevó a cabo cuando él no era funcionario público.

El plagio en la tesis de Peña Nieto

En agosto de 2016 una investigación del equipo de Carmen Aristegui, titulada ‘Peña Nieto, de plagiador a presidente’, exhibió de nuevo al mandatario mexicano al dar a conocer que un 29% de la tesis con la que obtuvo el título de Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana fue plagiada.

El reportaje corroboró con las fuentes originales y determinó que Peña Nieto copió por lo menos 197 párrafos de los 682 que forman su tesis.

Aunque la Universidad Panamericana confirmó el plagio al señalar que hay «ideas ajenas no citadas» y «reproducciones textuales de fragmentos sin cita a pie de página de la bibliografía», determinó que por ser un «acto consumado», es «imposible proceder en ningún sentido».

La fuga (de película) de ‘El Chapo’

La noche del sábado 11 de julio de 2015 el narcotraficante líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias ‘El Chapo’, se fugó del penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en el Estado de México.

El capo huyó a través de un túnel en la regadera que contaba con alumbrado, ventilación, tanques de oxígeno e incluso una motocicleta como mecanismo de tracción, según las autoridades.

Durante la fuga, que se completó en menos de tres minutos, ‘El Chapo’ tuvo tiempo hasta de cambiarse de zapatos, dejando en ridículo al Gobierno de Peña Nieto. Los hechos acentuaron aún más la imagen de corrupción que pesaba sobre México, ya que evidenció la colusión de funcionarios en la huida del criminal.

Seis funcionarios fueron inhabilitados por su presunta responsabilidad en la fuga y, finalmente, el narcotraficante fue recapturado el 8 de enero de 2016.

Matanza en Apatzingán (#FueronLosFederales)

«‘¡Mátenlos como perros!’, gritaron los policías federales al irrumpir disparando contra un centenar de integrantes y simpatizantes de la Fuerza Rural [grupos de autodefensas que se crearon para combatir la inseguridad ante la ineficacia de las autoridades]». Así arrancaba el reportaje de la periodista Laura Castellanos que censuró el diario ‘El Universal’ y publicó en Aristegui Noticias el 19 de abril del 2015.

El 6 de enero del 2015 en Apatzingán un centenar de policías federales y militares ejecutaron al menos a 16 civiles desarmados. Aunque las autoridades señalaron que los hechos fueron consecuencia de «fuego amigo», la investigación de Castellanos sepulta esa versión: el reportaje que detalla la masacre contó con el testimonio anónimo de 39 personas que aseguraron que los civiles sólo tenían palos, mientras que la policía contaba con armas largas.

Además, las declaraciones apuntaron a que los uniformados dispararon contra los civiles cuando ya los tenían sometidos, de rodillas y que incluso golpearon a una mujer embarazada.

Caso Odebrecht 

El 21 de diciembre de 2016 el Departamento de Justicia de EE.UU. dio a conocer que, tras investigar los sobornos que habría realizado la constructora brasileña Odebrecht a funcionaros de varios países para obtener contratos públicos, la empresa se acordó a pagar un multa histórica de 3.500 millones de dólares.

En México Odebretch pagó millones de dólares en sobornos para ganar licitaciones de obras en varios Estados. Fue así que creció la constructora en el país durante los últimos años, bajo el cobijo de funcionarios y políticos corruptos.

En el Estado de Hidalgo, ubicado en el centro del país, investigaciones revelaron cómo funcionarios de Petróleos Mexicanos asignaron sin licitación obras por más de 236 millones de dólares a la empresa brasileña en la refinería de Tula.

«Las ampliaciones de contrato coinciden con el pago de sobornos por 6 millones de dólares revelado en diciembre en EE.UU.», señala el reportaje de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

#GobiernoEspía

Quizá este es el caso que mejor ilustra al Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Un informe del laboratorio Citizen Lab de la Universidad de Toronto, revela, a través de un reportaje en ‘The New York Times’, el uso de programas de inteligencia para espiar periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Hasta el hijo de una periodista menor de edad fue víctima del espionaje.

Este tipo de tecnología solo se vende a gobiernos, según el proveedor de Pegasus, el programa encargado de mandar mensajes personalizados a los destinatarios. Los mensajes incluían un link a través del cual se desplegaba el programa espía en los celulares de las víctimas.

Algunos de los principales objetivos fueron los autores del reportaje de la ‘casa blanca’ de Peña Nieto y otros periodistas que han investigado casos de corrupción en México.

El programa espía Pegasus, que fue vendido a las autoridades mexicanas para luchar contra el crimen y el terrorismo, fue usado también contra miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigaron los hechos ocurridos en Ayotzinapa.

Incluso tras el asesinato del periodista Javier Valdez, el director del semanario ‘Ríodoce’, Ismael Bojórquez, reveló en entrevista con Carmen Aristegui que él y su equipo recibieron mensajes con características similares.

Por su parte ‘The New York Times’ calificó de «descarado» el abuso de esa tecnología, lo que «justifica que haya en marcha otra investigación internacional».

El Socavón 

El martes 12 de julio un vehículo cayó en un socavón que se abrió en el Paso Exprés, una vialidad que conecta la capital mexicana con el Estado de Morelos. La obra fue inaugurada el pasado mes de abril por el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador de Morelos Graco Ramírez.

Los dos ocupantes, lamentablemente, murieron; no por el impacto, sino por la ineptitud de las autoridades que no pudieron sacar el vehículo a tiempo. Las víctimas murieron de asfixia entre 90 y 120 minutos después del accidente, según los peritajes. Las labores de rescate se prolongaron unas ocho horas.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes se deslindó de la responsabilidad por el incidente y su titular, Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que él no estaba al tanto de las denuncias sobre riesgos.

Las críticas comenzaron a lloverle, y no sólo por las sospechas de corrupción en las licitaciones de la obra, sino por el poco tacto con los familiares de las víctimas: Ruiz Esparza aseguró que se indemnizaría a los familiares de las víctimas «por el mal rato que pasaron».

Sin embargo, la revista ‘Proceso’ señaló a principios de abril que la obra se había inaugurado «inconclusa y con fallas». «Nos enteramos que venía Peña Nieto a inaugurar el Paso Exprés, a pesar de que no está terminado y de que nos están dejando graves afectaciones a muchos vecinos», revelaba un testimonio.

La responsabilidad no solo recae en el Gobierno federal y estatal, también en Epccor y Aldesa, las dos empresas que construyeron el Paso Exprés. Una investigación periodística de la revista ‘Proceso’, señala que éstas tienen un largo historial de corrupción.

Redactado por Adriana Buentello, diseño de Pável Tkachuk.

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