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La presidenta de AFDEPURD, licenciada Marcia Ángeles, destaca las dificultades por las que atraviesan los Defensores públicos por el cúmulo de trabajo que los agobian.

Servicios/Caribbean Digital

Santo Domingo, – El día del Defensor Público recibe a ésos profesionales del derecho reclamando  al presidente Danilo Medina y al Congreso Nacional un mayor presupuesto que mejore las condiciones laborales de los miembros que integran la Asociación para el Desarrollo y Fortalecimiento de los Defensores Públicos de la República Dominicana  (AFDEPURD).

La  presidenta de AFDEPURD, licenciada Marcia Ángeles, destaca las dificultades por las que atraviesan los Defensores públicos por el cúmulo de trabajo que los agobian.
La presidenta de AFDEPURD, licenciada Marcia Ángeles, destaca las dificultades por las que atraviesan los Defensores públicos por el cúmulo de trabajo que los agobian.

 

La  presidenta de AFDEPURD, licenciada Marcia Ángeles, destaca las dificultades por las que atraviesan los Defensores públicos por el cúmulo de trabajo que los agobian, debido al poco personal con que cuenta la Oficina Nacional de la Defensa Pública por el bajo presupuesto de que dispone, que éste año fue de de RD$290,559,168.00.

 

El reclamo  de  AFDEPURD, es a propósito de celebrarse el 21 de Diciembre el día del Defensor Público, “nosotros los Defensores públicos somos quienes sufrimos las consecuencias del bajo presupuesto, debido a que no  se nombra más personal, lo que significa mayor cúmulo de trabajo, la Oficina Nacional de Defensa Pública requiere de un presupuesto de RD$765, 136,437.45  para poder cubrir las necesidades primarias de las diversas oficinas y su personal”, destacó Ángeles.

 

“Es  imposible seguir trabajando con el presupuesto asignado para el año 2014, en caso contrario, nos veremos en la necesidad de  restringir la entrada  de casos, recibiendo solo aquellos  casos de personas insolventes económicamente que entren a través de la Oficina de Jurisdicción permanente, no así los que entren o sean solicitados por otras vías u otros tribunales”, aseguró categóricamente Marcia Ángeles.

 

La presidenta de la entidad que agrupa a los Defensores Públicos,  enfatizó, que para el año 2012 asistieron 26,373 casos penales que entraron al sistema, lo que representa  el 65% de los casos ordinarios, así como 90% de los casos de adolescentes que recibió el sistema de administración de justicia penal y desde enero a septiembre de este año 2013 han asistido la cantidad de 20282 casos ordinarios y  1599 casos de adolescentes para un total de 21881 a nivel nacional, lo que representa un aumento significativo en los casos recibidos, que  hace  insostenible las labores con el  poco personal que tienen las oficinas.

 

Precisó que actualmente cada defensor (a) está atendiendo un promedio de entre 350 a 400 casos y en muchas jurisdicciones tienen hasta 650 casos, muchos de los cuales son muy complejos. A esto se agrega que las funciones deben ser realizadas no solo en los tribunales de las jurisdicciones a la que pertenecen, sino donde sea enviado el expediente o donde se requiera del servicio;  así como la obligación de realizar visitas carcelarias a los centros de privación de libertad donde se encuentre el imputado o condenado, no importando el lugar del mismo, de igual forma deben visitar todos los destacamentos del país,  ya que solo manteniendo este contacto es posible realizar una defensa efectiva y asegurar el acceso a la justicia como lo establece la constitución.

 

Advirtió que actualmente solo hay 22 coordinadores(as)  y  123 defensores(as), que asumen la mayoría de los casos penales que ingresan a los 11 Departamentos y 11 Distritos Judiciales en los que ha sido posible abrir oficinas.

 

Indicó que lo más preocupante es que se necesita de 400 defensores para poder cubrir todas las necesidades de defensa penal de quienes no tienen abogados, así como para poder aperturar  las demás oficinas que se requiere en los 13 distritos judiciales donde todavía la labor es realizada por abogados de oficio y/o adscritos, sin recursos económicos y materiales;  cuando es una obligación del Estado garantizar, de acuerdo al mandato constitucional, que las personas que no tengan

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