Pedro Jiménez
Redacción/Caribbean Digital
SANTIAGO, República Dominicana.- Ediles de esta ciudad urgieron al alcalde Gilberto Serulle que resuelva la litis que sostiene con alrededor de 200 empleados cancelados en el Ayuntamiento hace siete meses y solicitaron a su hermano Julián Serulle, abogado especialista en derecho laboral, para que sirva de intermediario.
Domingo Ureña, representante del Partido de Acción Liberal (Pal) en el Concejo edilicio, dijo que él y otros colegas se reunieron con los afectados, quienes se han mostrado en disposición de recibir el dinero en pagos parciales.
Tanto Ureña como otros de sus colegas mostraron este jueves extrañeza de que el alcalde Serulle no haya iniciado de esa manera la solución al inconveniente, porque en el presupuesto vigente está consignado el saldo de ese compromiso, lo que se haría en 12 meses.
Aunque suman más de 300 los antiguos empleados del cabildo los que reclaman prestaciones, Ureña aclaró que en realidad son 190 los que merecen legalmente las liquidaciones, porque el resto era servidores nominales.
El concejal del Pal deploró que el alcalde Serulle haya resuelto dirimir el asunto en los tribunales “porque los 30 millones que el cabildo debe pagar por ese concepto están claramente consignados en el presupuesto y bastaría conque él cumpla con lo dispuesto por el Concejo de regidores”.
A su juicio, el administrador del municipio pretende que el reclamo de pago de las prestaciones consuma largo tiempo en los tribunales, con lo que evitaría por ahora honrar la deuda en cuestión, aunque sea de manera escalonada.
“Es por eso que un grupo de ediles llamamos a su hermano Julián Serulle, tanto en su calidad de pariente cercano del alcalde, como experto en asuntos laborales, para que intervenga con el fin de buscar una salida armoniosa a la situación”, sostuvo Ureña.
SUED PIDE SOLUCION
Ayer, jueves, el exalcalde José Enrique Sued calificó de “indolente” su sucesor, porque sometió a la justicia a los exempleados municipales “cuando ellos solo están reclamando sus prestaciones”.
Recordó que los destituidos servidores municipales no pidieron su suspensión, por lo que estimó tienen derechos laborales y humanos que deben ser garantizados.
Lamentó el trato vejatorio a los ex servidores públicos que no trabajaron a su persona, sino al municipio, y que el Ayuntamiento debe responder por sus prestaciones.
“Extraña la aptitud del alcalde de desconocer las prestaciones de esos servidores públicos, toda vez que proviene de una familia que se ha
empeñado en la defensa de los derechos de los trabajadores, reconocido por la sociedad de Santiago y el país”, puntualizó Sued.