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Concejal Domingo Ureña. Archivo.

Servicios/Caribbean Digital

SANTIAGO, RD.- El alcalde de esta ciudad y los concejales se encuentran enfretados nuevamente, ahora por el hecho de que apenas se realizaron seis obras de las 55 que debieron ejecutadas este año, como parte del denominado “presupuesto participativo”, puesto en ejecución en diferentes barrios y comunidades suburbanas de aquí.

Concejal Domingo Ureña. Archivo.

Las diferencias entre el alcalde Gilberto Serulle y los ediles que integran la Comisión de Finanzas del Ayuntamiento se tornan evidentes en el informe sobre la aprobación del proyecto de presupuesto para el 2012, sometido y aprobado el pasado martes.

En dicha pieza, la comisión que preside el concejal Domingo Ureña, del Partido de Acción Liberal, se consigna que en gastos presupuestados para este año se obviaron algunas obras para ejecutar otras que no estaban contempladas “situación que antepone el espíritu de cooperación y organización de parte de la administración y el concejo”.

Otra violación al presupuesto actual, según dicha comisión, fue la realización de obras con la nueva cultura de ejecución por administración “ya que no se toma en cuenta a los concejales para su conocimiento y aprobación, con montos que superan los rangos de someterse a licitación pública de obras, bienes y servicios en contra de la ley 340-06”, agrega el informe.

Se quejan los firmantes del proyecto de presupuesto que esa comisión “no ha recibido un informe detallado de las obras ejecutadas por contrataciones ni por administración, para determinar el nivel de inversión”.

Otra violación a la referida ley que esgrime la comisión de Finanzas del cabildo santiaguense es la relativa al pago de la nómina, asegurando que este año superó en un 60 por ciento la cantidad que debió gastarse, que fue de casi 34 millones y medio de pesos.

Mientras en ese renglón aseguran hubo un gasto excesivo, los comisionados señalan que el cuatro por ciento destinado para educación, género y salud “no corresponden al concepto admitido por la ley, pues no se ha realizado un solo programa para endosar este mandato de la ley y apenas se han realizado gastos administrativos”.

“Hemos querido reseñar estas y otras anomalías, con el fin de que, para el próximo año, se puedan corregir y que, tanto la administración como el Concejo puedan sentirse cómodos trabajando por Santiago”, puntualiza el informe.

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