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Luis José Estévez, Silvio Durán, Abel Martínez y Gustavo Cabrera. Foto de archivo

José Alfredo Espinal

Caribbean Digital

SANTIAGO, RD.- En el debate público que por meses han mantenido el alcalde de este municipio, Abel Martínez y el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Silvio Durán, parecería que ninguno de los dos funcionarios, de manera decidida, ha querido ceder.

Un acuerdo amigable, quiérase o no, es la única solución a un conflicto donde el más perjudicado será el pueblo.  Dos servicios tan fundamentales como la limpieza de la ciudad y el servicio de agua potable no pueden estar en juego por esta desavenencia de carácter institucional.

Lo extraño de todo esto es que la pugna surge entre dos funcionarios del mismo partido político, (PLD).

Abel y Silvio no han logrado un acuerdo, a pesar de que ambos en algunas cosas coinciden. Uno alega que le adeudan millones de pesos y el otro también. Además, los hechos indican que cada uno en sus respectivas funciones ha demostrado capacidad de trabajo y de gerencia.

Pero, penosamente, se ha manejado la tesis de cuál de las dos instituciones necesita a una más que la otra.

A nuestra consideración, Abel y Silvio deberían de reunirse y finalmente acordar un cese al desagradable debate público, no solo por el bien de la imagen de ellos y las instituciones que representan, sino por el bien de los servicios que deben brindarle a Santiago.

Creo que para lograr que las aguas busquen su nivel, ambos funcionarios tendrán que echar a un lado las razones que cada uno se atribuye en justificar su verdad para mantener el conflicto.

Si Abel tiene la razón en lo que demanda a Coraasan y Silvio también tiene la verdad en lo que reclama al Ayuntamiento, parecería que el problema se resuelve fácilmente, sin embargo, en medio de esa turbulencia de criterios, otros factores pudieran estar impidiendo el entendimiento entre los funcionarios.

Y al estar en medio de ambas campanas, con dimes y diretes por aquí y por allá, es fácil llegar a la conclusión de que la madurez de estos funcionarios debe prevalecer, mediante el diálogo abierto y sincero como factor elemental para la solución del conflicto institucional.

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