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Leonel Fernández. Archivo.

Caribbean Digital

El gobierno de Leonel Fernández manejó una cantidad indeterminada de recursos fuera del presupuesto y sin remitir la información de su aplicación a los organismos correspondientes, lo que evidencia una deficiente programación y una violación de la ley aprobada por el Congreso, afirma la Cámara de Cuentas en su Informe de la ejecución presupuestaria del año fiscal 2012.

Presidente Leonel Fernández. Archivo.
Presidente Leonel Fernández. Archivo.

El órgano fiscalizador observó que en el presupuesto enero–diciembre 2012 “no se incluyeron todos los recursos y apropiaciones requeridos para los compromisos del Estado, ni todos los ingresos, tal y como se plantea en el artículo 11 de la Ley 423-06 de Presupuesto del Sector Público, el cual indica: “Todos los recursos y gastos deben ser estimados con la mayor exactitud y acuciosidad posible”.

El informe de la Cámara de Cuenta dice que aunque los resultados de la ejecución del Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2012 presentaron en “términos generales y de manera razonable” los aspectos relevantes sobre el desempeño financiero y presupuestario del Gobierno Central y las entidades descentralizadas o autónomas, “se evidenciaron incumplimientos, desviaciones y omisiones”.

De acuerdo con la entidad, al igual que en años anteriores, en 2012 se observó la persistencia de importantes debilidades en los procesos de formulación y ejecución del presupuesto, sobre todo relacionadas con el poco vínculo entre la aplicación de los recursos recaudados de los contribuyentes con la definición de objetivos estratégicos y el logro de resultados concretos en los diferentes ámbitos de la gestión de las entidades públicas.

“La modificación presupuestaria realizada a mediados de año mediante la Ley 174-12, aumentando en una alta proporción el presupuesto original, y la no inclusión en dicha modificación de recursos avalados por leyes conocidas en el ejercicio fiscal 2011 para sustentar el presupuesto vigente del año 2012, puso de manifiesto una deficiente programación presupuestaria y el incumplimiento de los principios de sinceridad e integridad del presupuesto”, plantea el informe remitido al Congreso el pasado 26 de abril.

En la modificación presupuestaria realizada mediante la Ley 174-12 se aprobaron recursos que aumentaron el presupuesto original en 71,461.7 millones; sin embargo, al finalizar el año fiscal 2012 el monto ejecutado ascendió a 84,118.5 millones de pesos, los cuales no fueron justificados ni explicados en las leyes que de acuerdo al Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR) avalaron dicho financiamiento, evidenciando de nuevo inobservancia de la Ley Orgánica de Presupuesto.

El resultado de la cuenta de financiamiento contenido en el ERIR presentó Fuentes Financieras por 187,774.6 millones, mientras que en el reporte de cierre de las operaciones fiscales el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) presentó un monto de 151,394 millones, mostrando una disparidad por 36,380.6 millones.

Según el reporte, el ERIR explicó esta diferencia en registros no realizados por el SIGEF por ese mismo monto y la definió como incremento neto de efectivo, incorporándola a as Fuentes Financieras. “Esto vulneró los principios de transparencia y sinceridad establecidos en la citada Ley Orgánica de Presupuesto del Sector Público, a la vez que evidencia falta de coordinación interinstitucional de las entidades que manejan y procesan las informaciones fiscales”.

Con relación a la ejecución de los recursos de apropiación, la Cámara de Cuentas constató que la Presidencia de la República se transfirió 6,846.9 millones de pesos, por un lado, y 614.7 millones de pesos, por otro, para asistencia a diferentes áreas, pero asegura que en esas transacciones no se especificaron los beneficiarios finales de dichos recursos ni se observar las normas de cierre del ejercicio fiscal 2012 en su artículo 16 sobre la ejecución de los recursos apropiados a la Presidencia de la República, que estipula que ese Ministerio debe remitir a la Dirección de Contabilidad Gubernamental un informe detallado sobre el uso de las apropiaciones asignados en la Ley de Presupuesto.

Violaciones a la ley en las instituciones autónomas

Las violaciones legales a la ley de presupuesto 2012 también alcanzaron las instituciones públicas descentralizadas o autónomas.

En ese sentido, la Cámara de Cuentas encontró que en esas instituciones se incumplieron los principios de integridad y sinceridad establecidos en la Ley Orgánica del Presupuesto 423-06 debido a que presupuestaron recursos por 27,141.40 millones de pesos y ejecutaron 43,404.11 millones, para una sobre ejecución respecto al presupuesto original de 16,262.71 millones.

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