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Víctor D’Aza fue reemplazado como secretario de Asuntos Municipales y en su lugar fue juramentado Pedro Richardson, quien no recibió el apoyo de los alcaldes del PRD, según dijo una fuente.
La destitución de Víctor D´Aza como secretario nacional de asuntos municipales del Partido Revolucionar Dominicano (PRD), es considerada por la mayoría de alcaldes perredeistas como una medida de retaliación por parte del presidente del partido, Miguel Vargas Maldonado.
Fuentes del municipalismo perredeísta coincidieron en señalar que la decisión de sustituir a Víctor D´Aza, constituye una retaliación “porque éste encabeza un movimiento que ha clamado públicamente por la unidad del PRD.
Ante sólo cinco de los 54 alcaldes pertenecientes al PRD, Miguel Vargas designó a Pedro Richardson como nuevo secretario de asuntos municipales, en sustitución de D’Aza.
Según informes, en un acto celebrado en la casa nacional del PRD, Vargas Maldonado posesionó al nuevo funcionario municipalista, cuya designación ha levantado serios cuestionamientos.
La ausencia de alcaldes del partido de oposición fue notoria “a pesar de los esfuerzos y llamadas realizados por Vargas Maldonado para que asistiéramos a esa reunión”, según informó uno de los alcaldes convidados y que no asistió a dicha actividad.
En espacios como el Foro de Municipalistas, una red independiente de activistas del sector municipal, la decisión de Vargas Maldonado ha sido acremente cuestionada por cuanto “sustituye a un municipalista reconocido y de trayectoria destacada por una persona altamente cuestionada y respecto de la que recientemente se han desatado escándalos por manejos indebidos”.
Entre otros, el reconocido experto en asuntos municipales, Domingo Matías, coordinador del citado foro, publicó en su página de Facebook críticas muy incisivas sobre la decisión de Vargas Maldonado, señalando, incluso, que Pedro Richardson está siendo juzgado por falsificación de documentos.
La decisión de Vargas Maldonado ha sido considerada ampliamente como una reiteración de medidas erróneas, destituyendo a destacados dirigentes del PRD de funciones esenciales, “generando desazón e ilegitimidad”, según afirmaron fuentes ligadas a los gobiernos locales dominicanos.