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El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Potentini, al ser entrevistado en el programa Marte Piantini comenta que se transmite por el canal 37 N-CDN, todos los domingos en horario de 11:00 a 12:00 de la mañana, calificó de abusiva y criminal la resolución de la Junta Central Electoral que dispone el cobro exorbitante por la expedición de los diferentes actos del estado civil y otros documentos (acta de nacimiento, de matrimonio, de divorcio, de defunción, cédula de identidad y electoral, entre otros),como si se tratara de una entidad recaudadora de impuestos y no de servicios.
Potentini, lamentó que la Junta Central Electoral se haya convertido en una especie de oficina de impuestos internos en violación a las leyes y a la constitución, estableciendo impuestos disfrazados de tazas por el acceso y expedición de documentos vitales para el desarrollo de las principales actividades de la población, en una franca y abierta negación y violación a los derechos fundamentales de las personas.
Asimismo la entidad deploró que cualquiera de los actos del estado civil y otros servicios de la junta, les cuesten a los dominicanos entre 300 y 10,000 pesos, además de plazos muy breve para la vigencia o fecha de caducidad de los mismos, llevándose así todos los años más de 1,000 millones de pesos de los bolsillos del pueblo, bajo el erróneo y equivocado alegato de se trata de tazas y no de impuestos, desconociendo que las tazas deben guardan proporción en su costo y el servicio dado, procurando estrictamente la sustentabilidad de los mismos, nunca sumas que sobrepasen racionalmente esas expectativas.
Justicia y Transparencia anuncio que en los próximos días interpondrá una acción de inconstitucionalidad en contra de los impuestos establecidos por la junta, al tiempo de instarle a dejar sin efecto la referida resolución, en razón de que la misma es contraria al estado social y democrático de derecho que proclama la constitución en su artículo 7, además de ser ilegal, toda vez que la junta no tiene facultad ni capacidad legal para establecer impuestos, los cuales solo se admiten por leyes votadas por el congreso.
Finalmente, la entidad de sociedad civil manifestó su oposición a la licitación internacional que también lleva a cabo la Junta Central Electoral para el cambio de la cédula de identidad y electoral, en momentos en que el país atraviesa una grave crisis económica y más aun tratándose de un documento vital, cuya elaboración y administración debe ser del estricto y absoluto control de la junta, nunca del sector privado, solo tendríamos que recordar los cuestionamientos y falta de transparencia registrados en el contrato otorgado para las licencias de conducir.