Por José A. Toribio
Caribbean Digital
Abogados Penalistas del Palacio de Justicia de Santiago expresaron la eliminación de la calidad dada a cualquier persona para querellarse contra los funcionarios públicos es calificada como muy penoso y un retroceso a la sociedad.
Entendieron que es preocupante la corriente que se está siguiendo al limitar la facultad de los ciudadanos de querellarse y constituirse en actores civiles en contra de los funcionarios públicos”.
Consideraron que “como se observa se están cerrando las puertas de los ciudadanos y la participación de estos en la persecución de los ilícitos penales y de violación a derechos humanos cuando son cometidos por funcionarios públicos, atribuyéndose esa facultad con carácter de exclusividad al Ministerio Público”.
‘’En un país donde la corrupción es el pan nuestro de cada día y que la justicia este encentra, ahora que no nos quien el derecho de querellarnos contra los que días tras días veamos como se toman el dinero del pueblo, nos podamos defendernos’’ expresaron.
Así mismo dijeron que con esta acción los funcionarios lo que buscan es tener un campo de fuerza el cual no se permitirá tocar ni con el pétalo de una flor.
Expresaron que sectores de poderes fueron los protagonistas de que al párrafo III del artículo 85 se le hiciera esta debatida modificación.
Agregaron, además, que “los cambios anteriores constituyen un verdadero retroceso que en nada contribuyen con el accionar y la transparencia de los funcionarios propios de un Estado de Derecho”.
“La prudencia ordena que se observe el proyecto y sea sometido nuevamente al Congreso para que se corrija el desliz cometido con el artículo 85, párrafo tercero, porque más que una reforma es una contrarreforma, porque la eliminación de ese artículo es un duro golpe a los avances y los derechos del ciudadano”, dijo Blas Santana.
Consideró que no otorgar esta calidad sería crear una casta privilegiada inmune a las acciones judiciales. –
